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En un panorama económico mundial caracterizado por su inestabilidad y los constantes desafíos en
el comercio internacional, Colombia dispone de un instrumento esencial para impulsar su sector
productivo con vocación exportadora: el Plan Vallejo. Esta política integral de aduanas y comercio
exterior faculta a las empresas a importar temporalmente insumos, materias primas, bienes de
capital y repuestos bajo un régimen de beneficios tributarios, siempre y cuando estos se destinen a
la producción o transformación de bienes que serán posteriormente exportados.
La suspensión total o parcial de los tributos aduaneros, o el diferimiento del pago del IVA al
momento de la importación, representa un alivio financiero significativo que optimiza el flujo de
caja empresarial y reduce directamente los costos de producción, siempre que se cumplan los
compromisos de exportación exigidos por la normativa vigente dentro de los plazos
establecidos.
Los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades incluyen la obligación para las empresas de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Un arancel es un derecho de aduana que se aplica a los productos importados, afectando tanto la recaudación gubernamental como la competitividad de los productos extranjeros en el mercado local. Recientemente, el presidente Trump anunció la imposición de aranceles recíprocos a numerosos países, incluyendo a Colombia, lo que ha generado incertidumbre en el comercio internacional. Esta medida, justificada por desequilibrios comerciales y complementada por la identificación de barreras no arancelarias en el comercio global, obliga a los países exportadores a buscar diversificación de mercados y nuevas alianzas. Los aranceles impactan negativamente a los exportadores al aumentar los precios de sus productos y reducir su competitividad, lo que puede llevar a una disminución de ventas y efectos adversos en sus economías. En el caso de Colombia, la imposición de un arancel del 10% por parte de Estados Unidos representa un desafío que requiere una estrategia clara para proteger y fortalecer su comercio exterior.
La Superintendencia de Sociedades publicó un Oficio dirigido a los representantes legales, revisores fiscales y contadores públicos de sus entidades vigiladas con el objetivo de recordar la presentación
de la información financiera requerida por la Circular Única de Requerimiento de la Información Financiera (CURIF) correspondiente al 2024.
Con la reciente expedición por la Superintendencia de Transporte de la Resolución 2328 del 6 de
marzo de 2025, que el Capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte,
se establecieron nuevos lineamientos para la implementación del Sistema de Administración de
Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).
