El valor de la confianza
La firma
Estudio Siete Legal es una firma integrada por abogados especializados en diferentes áreas del derecho, con amplia experiencia en el área gerencial y de los negocios, lo que nos permite entender las necesidades de nuestros clientes y prestar un servicio eficiente y de alto impacto en el desarrollo de las actividades empresariales.
Estudio Siete Legal, el mejor equipo de abogados especializados a su servicio.
ÁREAS DE PRÁCTICA
¿QUÉ HACEMOS?
Derecho Laboral
Somos reconocidos como abogados expertos en derecho individual, colectivo y de seguridad social...
Derecho Comercial y Corporativo
Nuestro equipo presta servicios en temas societarios incluyendo la constitución y liquidación de sociedades, su transformación, escisión...
Derecho Tributario y Comercio Exterior
En el área tributaria asesoramos a nuestros clientes en el diseño de transacciones comerciales, la estructuración de esquemas de planeación tributaria...
Derecho Aeronáutico
Contamos con un área especializada en derecho aeronáutico, que presta un acompañamiento integral a empresas del sector aeronáutico...
Responsabilidad Civil y Seguros
Los servicios de esta área incluyen la asesoría en la suscripción de contratos de seguro y reaseguro, negociaciones entre aseguradores y asegurados...
Litigios
Representamos los intereses de nuestros clientes en litigios civiles, comerciales, laborales y administrativos...
TESTIMONIOS
LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
El acompañamiento cercano y profesional de Estudio Siete Legal le permitió a la institución llevar a feliz término procesos de negociación con las organizaciones sindicales y simultáneamente mejorar ostensiblemente las relaciones laborales colectivas. Así mismo, Estudio Siete Legal ha demostrado total seriedad, compromiso y respaldo en aquellas necesidades jurídicas laborales que el Hospital ha requerido.
John Jaime Restrepo RodríguezGerente Gestión Humana San Vicente Fundación
La Experiencia y el alto nivel de especialización de Estudio Siete Legal en temas aeronáuticos y de financiación de aeronaves nos ha proporcionado el respaldo necesario para tomar decisiones trascendentales para la construcción y consolidación de la Compañía en el sector aeronáutico.
Claudio Andrés Bravo HenaoGerente Internacional Ejecutiva de Aviación S.A.S.
La calidad del servicio durante tantos años que llevamos trabajando de la mano con la firma, demuestran la confianza que nos genera Estudio Siete Legal; siempre han atendido en forma oportuna todos nuestros requerimientos y necesidades, facilitándonos el proceso de toma de decisiones en nuestra Compañía.
Alexis TahtaCEOLanders House Holding
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ARTÍCULOS RECIENTES
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1444 del 28 de septiembre de 2026, prohibió el ingreso al territorio aduanero nacional de mercancías extraídas, producidas, manufacturadas o transformadas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso u obligatorio. Los aspectos más importantes son los siguientes:
1. El artículo 2 define el trabajo forzoso u obligatorio, conforme al Convenio 29 de la OIT, como todo trabajo o servicio exigido bajo amenaza de una pena y para el cual la persona no se haya ofrecido voluntariamente. No tienen esta calidad el servicio militar obligatorio, las obligaciones cívicas, el trabajo por condena judicial, los trabajos por fuerza mayor ni los pequeños trabajos comunales.
2. La prohibición cubre toda la cadena de suministro, desde la extracción hasta el acabado, y basta con que una sola etapa involucre trabajo forzoso para que la mercancía quede incluida.
3. Estos bienes serán “mercancías de prohibida importación”, sujetos a aprehensión y decomiso por la DIAN según la Ley 2586 de 2026, y su importación puede acarrear la sanción del numeral 15.2.1 del artículo 15 de esa ley. Entre las causales de exoneración está la acreditación de la debida diligencia. El Decreto no crea infracciones ni sanciones nuevas.
4. La DIAN controla, fiscaliza, investiga y decide sobre el decomiso o la sanción. El Ministerio del Trabajo califica técnicamente, a solicitud de la DIAN, si los hechos constituyen trabajo forzoso, y esa calificación es obligatoria para la DIAN.
5. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo del Ministerio del Trabajo, administrará un “listado indicativo de riesgo” de bienes, sectores, productores y exportadores.
6. La norma rige desde el día siguiente a su publicación, sin período de transición. Por eso las empresas deben contar desde ya con una debida diligencia exigente que acredite el origen, la trazabilidad y la evaluación de sus proveedores, pues será la base de su defensa ante la DIAN.
La Superintendencia de Transporte amplió el plazo para que los sujetos obligados del sector presenten el primer reporte de cumplimiento del SARLAFT y del Régimen de Medidas Simplificadas (RMS). La medida responde a las dificultades tecnológicas y fallas que presentaron los usuarios al intentar registrar la información en la plataforma dispuesta por la entidad. Aspectos clave:
• Nueva fecha límite: el primer reporte de cumplimiento en el Módulo de Supervisión deberá presentarse a más tardar el 10 de abril de 2027.
• Información a reportar: en esa fecha se reportará la información acumulada de la vigencia 2026, correspondiente a los periodos 2 (mayo y junio), 3 (julio, agosto y septiembre) y 4 (octubre, noviembre y diciembre).
• Reporte paralelo del periodo 1 de 2027: el mismo 10 de abril de 2027 deberá presentarse también el reporte del periodo 1 de 2027 (enero, febrero y marzo).
• Reportes ya cargados: los reportes que ya se hayan ingresado en la plataforma deberán actualizarse obligatoriamente antes del 10 de abril de 2027.
• Cambio de régimen: si el sujeto obligado pasa del RMS al SARLAFT, aplicará el nuevo régimen desde el periodo 3; si pasa del SARLAFT al RMS, lo aplicará desde el periodo 2. Los periodos anteriores se reportan bajo el régimen anterior.
• Lo que no cambia: esta flexibilización se limita al plazo de reporte. No amplía el plazo de implementación del SARLAFT ni suspende las obligaciones de prevención de lavado de activos.
• Vigencia: la circular rige a partir de su publicación y deroga la Circular Externa No. 20265330000134 del 6 de agosto de 2026, que había fijado los plazos anteriores.
¿Qué significa esto para su empresa? Aunque el plazo de reporte se amplió, el sistema debe seguir funcionando con normalidad. Este tiempo adicional es una buena oportunidad para verificar que la información de los periodos de 2026 esté completa y debidamente soportada, actualizar los reportes ya cargados y confirmar que el régimen adoptado (SARLAFT o RMS) corresponda a la realidad de la operación. En Estudio Siete Legal acompañamos a empresas del sector transporte en la implementación de su SARLAFT o RMS, en la auditoría y ajuste de sistemas ya existentes y en la preparación de los reportes ante la Superintendencia.
La Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución 2026-01-609998 del 20 de agosto de 2026, fijó la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas a su vigilancia y control correspondiente al año 2026, destinada a cubrir los gastos de funcionamiento e inversión de la Entidad. Los aspectos más importantes son los siguientes:
1. Se fijó la tarifa general en $0.1212 centavos por cada $1.000 del total de los activos que registren las sociedades al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o en su último balance general con corte a 31 de diciembre que repose en los archivos de la Entidad, sin perjuicio de la reliquidación de la contribución una vez recibidos los estados financieros de la vigencia anterior.
2. Ninguna contribución podrá superar el 1% del total global de las contribuciones cobradas por la Entidad, ni ser inferior a 1 salario mínimo legal mensual vigente que actualmente se encuentra en la cifra de $1.750.905, equivalente a 144.58 Unidades de Valor Básico de 2026.
3. Para las empresas en Reorganización Empresarial, Acuerdo de Reestructuración, Concordato y en estado de Liquidación Judicial o Voluntaria se determinó una tarifa única de 144.58 UVB que corresponde a la cifra de $1.750.905.
4. El pago deberá realizarse dentro de los 20 días calendario siguientes a la fecha en que la Superintendencia expida la correspondiente cuenta de cobro.
5. En atención a la declaratoria de calamidad derivada del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, se concedió un plazo especial de 60 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva cuenta de cobro, para las sociedades cuyo domicilio fiscal se encuentre en alguno de los 6 departamentos afectados: Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca.
6. El incumplimiento en los plazos generará intereses de mora a la tarifa aplicable al impuesto de renta y dará lugar al inicio de procesos de cobro persuasivo y coactivo.
