Lo que hasta ahora eran buenas prácticas pasó a ser obligación exigible y verificable por la inspección del trabajo, sin período de transición. Toda empresa o entidad contratante debe contar con una política y un protocolo, ajustar el reglamento interno y los contratos, y adoptar medidas de protección efectivas. Se incorporan presunciones de acoso en relaciones de poder, valoración probatoria con enfoque de género y la ineficacia de la terminación del contrato de la víctima dentro de los seis meses siguientes a la queja.

Con ocasión del sismo del 10 de agosto y del Decreto 1171 de 2026, el Ministerio del Trabajo fijó el criterio con el que evaluará las decisiones empresariales tomadas durante la emergencia. La Circular no crea derechos nuevos ni convierte automáticamente los hechos en accidente de trabajo, calamidad doméstica o fuerza mayor: cada figura conserva sus requisitos y exige verificación caso a caso. Además, propone alternativas voluntarias —trabajo en casa temporal, ajustes de turnos, acuerdos de vacaciones, auxilios y anticipos— que deben quedar debidamente documentadas.

El depósito del pacto colectivo dejó de ser un trámite formal. Ahora el Inspector del Trabajo hace un control material: verifica que exista un verdadero conflicto de trabajo y compara, beneficio por beneficio, el pacto con las convenciones colectivas vigentes, incluido el efecto de la cuota sindical. Si no se acreditan las condiciones, el pacto es inoponible, se remite al procedimiento sancionatorio y, si se advierte intención antisindical, se compulsan copias a la Fiscalía. El control alcanza también los planes y beneficios unilaterales asimilables a un pacto.